En línea con el compromiso de la Facultad de Psicología de la Universidad del Desarrollo por entregar una formación integral y conectada con los contextos reales, estudiantes de quinto año realizaron su examen final de prepráctica en el área psicojurídica, a través de una experiencia de simulación en un juzgado. En esta instancia, comparecieron para exponer antecedentes y diagnósticos realizados a pacientes atendidos durante su proceso formativo. 

Este tipo de actividades resulta clave para responder a los desafíos actuales del rol del psicólogo en el sistema judicial. Así lo expresa Estefanía Manosalva, docente de la asignatura de prepráctica, quien señala: “Estas experiencias permiten que los estudiantes desarrollen competencias fundamentales para el ejercicio profesional, visualizando en terreno los contenidos abordados durante el semestre”. Además, enfatiza que “es primordial que los futuros psicólogos comprendan la dimensión ética y de responsabilidad social que implica intervenir en contextos judiciales, entendiendo el impacto profundo de su labor”. 

La docente Ana Martínez Fernández también subraya el valor de esta experiencia al permitir a los estudiantes conocer de cerca el funcionamiento del sistema judicial: “Es importante que reconozcan los distintos roles del psicólogo psicojurídico: como consejero técnico, perito o como parte de programas de protección de niños, niñas y adolescentes”. 

El examen contó con la participación de consejeros técnicos del Tribunal de Familia de Talcahuano, quienes colaboraron para ofrecer una experiencia lo más cercana posible a la realidad profesional. Yerko Strika, psicólogo de la institución, relevó la importancia de este tipo de iniciativas, afirmando que “si bien el rol del psicólogo jurídico es relativamente nuevo, es fundamental reconocer su evolución y el creciente interés de los jóvenes por integrarse a esta área”. 

Fortalecer el área psicojurídica desde la formación académica permite formar profesionales comprometidos con la justicia, el bienestar psicosocial y el respeto por los derechos de las personas, desde una intervención ética y con sentido público.